Los #recortes en Educación marcarán un retroceso histórico

FETE-UGT considera que la educación española está a las puertas de un retroceso histórico como consecuencia de las medidas de control del déficit público puestas en marcha por el Ministerio y las Comunidades Autónomas y que empezarán a aplicarse el próximo curso. Los recortes asumidos en los planes económico-financieros de las CCAA suponen una disminución de entre el 25% y el 30% de las partidas educativas y una reducción del número de profesores que oscila entre 80.000 y 120.000, de acuerdo con un estudio realizado por nuestro sindicato.

Los recortes contemplan el aumento de las ratios alumno-profesor en todos los niveles de la enseñanza no universitaria, el incremento de las horas lectivas del profesorado y la reducción tanto de sus retribuciones económicas ordinarias como en los casos de baja por incapacidad temporal. Además, disminuyen las ayudas sociales y se reducen drásticamente los centros de formación del profesorado.

El incremento del número de alumnos por clase será una realidad a partir de septiembre. La nueva norma eleva de 25 a 30 la cifra máxima tanto en el segundo ciclo de Educación Infantil como en toda la Educación Primaria, de 30 a 36 en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de 35 a 42 en Bachillerato. Solo tres comunidades –Andalucía, Euskadi y Galicia- han rechazado ese aumento de ratios que promovía el real decreto-ley 14/2012. No obstante, La Rioja todavía tiene en estudio su implantación y Navarra la llevará a la práctica de forma excepcional. El estudio elaborado por FETE-UGT no incluye información sobre Asturias, pendiente de presentar el reajuste de sus cuentas públicas.

Para FETE-UGT, esto conllevará un grave empeoramiento de la calidad educativa, al verse obligado el profesorado a impartir clase a un mayor número de alumnos, y perjudicará la atención a la diversidad. El sindicato entiende que las ratios han de ser flexibles, ya que han de estar en relación a la diversidad educativa del alumnado. Las aulas de Infantil serán más difíciles de gestionar, se cerrarán escuelas rurales, se dificultará la atención de los alumnos en los módulos de Formación Profesional y se incrementarán los problemas de convivencia en unas aulas de Bachillerato con más de 40 alumnos.

Si el real decreto-ley deja en manos de las Consejerías de Educación la posibilidad de elevar las ratios, resulta taxativo en relación con el aumento de la jornada lectiva del profesorado, que será como mínimo de 25 horas en Infantil y Primaria y de 20 horas en el resto de las enseñanzas no universitarias. Este aumento lectivo ocasiona un gran perjuicio en la calidad del sistema educativo, puesto que supone quitar un tiempo valioso que el profesorado dedica a actividades que repercuten directamente en el aprendizaje del alumnado, como la participación en proyectos de innovación educativa, la atención a las familias, las tutorías o la preparación de clases, entre otras.

La aplicación de estas y otras medidas supondrá un retroceso de décadas en la educación de nuestro país, que se traducirá en una nueva masificación de las aulas o en que no se cubran las ausencias del profesorado durante las dos primeras semanas de baja laboral. Esto dará lugar, sin duda, a muchos problemas organizativos y de convivencia en los centros, así como a un incremento de las dificultades, que se harán aún más notables en aquellos que escolarizan a alumnos con necesidades educativas especiales.

Al trabajo en unas aulas con mayor riesgo de conflictos, se suman nuevos recortes retributivos sobre los ya contemplados. En junio de 2010 comenzó a aplicarse a nivel estatal una reducción del 5% en la nómina de los empleados públicos y se estableció la congelación salarial para 2011 y 2012. Ahora, se añaden nuevas medidas como la eliminación de los complementos adicionales de las pagas extraordinarias (Andalucía y Madrid); la reducción del 10% del complemento específico (Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid); la suspensión del complemento de formación permanente, conocido como ‘sexenio’ (Baleares y Valencia), y la anulación del pago de las vacaciones al profesorado interino (Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Valencia), entre otras. Estas medidas, rechazadas de manera contundente por FETE-UGT, van a provocar un nuevo retroceso en el poder adquisitivo del profesorado, que solo desde el año 2010 se cifra ya en un 13%.

Los recortes afectan también a las retribuciones en situaciones de baja por incapacidad temporal. Hasta ahora los trabajadores del sector público que se encontraban de baja por enfermedad común o accidente no laboral percibían un complemento equivalente al 100% de su salario. A partir de ahora, todas las Comunidades, excepto Aragón y Extremadura, suprimen esas mejoras económicas, de modo que no se cobrará el 100% de esas retribuciones durante el tiempo que dure la inactividad laboral.

Todo este tijeretazo, que traerá un notable perjuicio a la enseñanza española, como no tardarán en reflejarlo los correspondientes indicadores educativos, se ha acometido por el Gobierno central, así como por las Comunidades Autónomas, de manera unilateral e impositiva y dejando al margen de cualquier negociación a las organizaciones sindicales.

FETE-UGT, que ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Defensor del Pueblo contra el real decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, ha hecho público su rechazo a estas medidas, junto al resto de sindicatos, con la celebración de numerosas protestas, la recogida de firmas y la convocatoria de una huelga general como la del 22 de mayo, que registró una seguimiento elevadísimo y que congregó a cerca de un millón de personas en las manifestaciones que siguieron a la jornada de paro en todos los niveles educativos, de Infantil a universidad.

El gran éxito de esta convocatoria debería llevar al Gobierno y a los responsables de las Comunidades Autónomas a replantearse sus políticas educativas, que sin el menor género de dudas suponen un enorme deterioro de la calidad y de la igualdad de oportunidades en la enseñanza, además de unos tremendos recortes en los derechos laborales y sociales.