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Un paso más en la Privatización de la Educación en Madrid

noviembre 29, 2010

Un paso más hacia el cheque escolar

 FETE-UGT Madrid denuncia que la propuesta de deducción de gastos educativos planteada por Esperanza Aguirre en su Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Racionalización del Sector Público para el año 2011 supone un nuevo paso en la privatización de la Educación en Madrid.

Esta deducción está prevista fundamentalmente para las familias con mejor situación socioeconómica que optan por la enseñanza privada, concertada o no. Se aplica en tres epígrafes:

  1. 1.      Concepto de escolaridad. Algo exclusivo de los centros privados, donde sólo puede asistir el alumnado de las familias con mayores posibilidades económicas, las cuales premia Esperanza Aguirre con esta Ley por su condición de privilegiados: “dinero llama a dinero”.
  2. 2.      Adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar: el uniforme. Este suele ser un distintivo característico de los centros privados, son muy pocos los públicos que lo usan. A las familias de los centros sin uniforme no se les da ayuda alguna. ¿Cómo es posible que se ayude a las familias en la adquisición de material escolar según criterios de renta y no se haga lo mismo en concepto de vestuario? ¿Es que este alumnado en cuyo centro no se usa uniforme va desnudo a clase?
  3. 3.      Enseñanza de idiomas. Se ajustan plantillas en los centros hasta imposibilitar la realización de desdobles, no se desarrolla la red de Escuelas Oficiales de Idiomas, cuyo costo para el alumnado es de sólo unos 100 €/año, y, sin embargo, se plantea una desgravación para el estudio de los mismos fuera del horario escolar. Claro, no en vano esto fomenta el desarrollo de las academias privadas y la prestación del servicio en los propios centros privados para así incrementar las cuotas mensuales.

Este tipo de deducciones se empezaron a aplicar en la Comunidad de Madrid a partir del año 2009, con efecto a la Declaración del IRPF del 2008. Ese año la deducción era del 10%, no excedía de 500 €/hijo y se planteaba un límite de renta per cápita familia de 10.000 €/año; es decir, una unidad familiar de 4 miembros que tuviera unos ingresos de 40.000 €/año.

Para el ejercicio del 2011, Declaración del IRPF de 2010, se prevé que la deducción llegue hasta el 15 % en los gastos de escolaridad, un incremento del límite de la deducción hasta 900 €/hijo y un límite de renta per cápita familiar de 30.000 €; es decir, una unidad familiar de 4 miembros que tuviera unos ingresos de ¡120.000 €/año!

Los gobiernos del PP, en especial el de Esperanza Aguirre, han practicado a una reducción presupuestaria año tras año en educación pública y un incremento de la financiación a la privada concertada, pero desde el ejercicio de 2009 dieron un paso más, pasando a financiar la escuela privada a través de las deducciones en el IRPF. Ese paso se consolida este año con un crecimiento de la deducción y una extensión de la misma a familias de clase media alta ¿Quién tiene sino unos ingresos de 120.000 €/año? ¿Quién puede llevar sus hijos a un centro privado no concertado, cuyos gastos de escolaridad estén por encima de los 700 €/mes?

Lo que empezó siendo un apoyo para las familias que optaban por la enseñanza privada va camino de convertirse en un cheque escolar encubierto. Ya no es sólo un ataque a la escuela pública, pues de seguir por este camino también sobrarán los conciertos educativos y estaremos ante un escenario similar al que tenemos ya en Educación Infantil: cheque escolar y copago.

El copago ya lo estamos viendo. Muchos centros concertados recurren a “aportaciones voluntarias” y a prestaciones de servicios auxiliares: idiomas, informática, gabinete psicopedagógico, deportes, música, danza, etc. para justificar cuotas de hasta 450 €/mes. Es decir, con los módulos de concierto pagan el funcionamiento del centro y con las cuotas el beneficio empresarial.

Esperanza Aguirre nos ha planteado recientemente que va a controlar esto, pero es imposible, en FETE-UGT Madrid no nos lo creemos. Los nuevos centros concertados que se están creando en la Comunidad de Madrid, muchos de ellos por empresas que nada tienen que ver con la educación, se construyen sobre parcelas cedidas casi gratuitamente, pero la inversión en el edificio puede suponer, por lo menos unos 10.000.000 €. Si con los módulos de concierto no se llega mucho más allá de pagar los sueldos y los gastos corrientes, la amortización de los créditos para la inversión tiene que venir por la vía de las cuotas mensuales, si no se quiere la quiebra de la empresa.

Las inversiones en este sentido han sido notables. Por ejemplo, GECESA,  que se constituyó vinculada grupo hostelero Arturo Cantoblanco, ha abierto 5 grandes centros, y ALFEDEL S.L., promotora de cooperativas con sede en Valdemoro, tiene en marcha 18 centros. Entre ambas suponen ya por encima de los 400.000.000 € de inversión. Si se cierra el grifo de las cuotas esto se va a pique.

El resultado de esto es que se instaura, de una forma indirecta, un sistema de copago, para una enseñanza que debe ser pública y gratuita. Por una parte el Estado, en este caso la Comunidad de Madrid, aporta una cantidad por alumno y las familias pagan el resto. Este sistema indirecto de copago evita incluso la gestión de los cheques escolares por parte de la Administración de la Comunidad de Madrid, pues la aportación por alumno se endosa vía deducción en la declaración del IRPF, la cual es gestionada por los servicios del Estado, a través de la Agencia Tributaria.

 Así no hacen falta ni los conciertos, pues en última instancia, si los fondos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid debe dedicar a Educación se les dan directamente a los padres ¿qué sentido tiene la gestión de unos conciertos educativos y la regulación que de ellos se deriva? Esto es “el sálvese quien pueda”. En este escenario, la Enseñanza Pública podrá quedar relegada a un servicio asistencial para la parte de la población que, por sus condiciones de desventaja social o por las condiciones de desfase curricular de su alumnado, no sea rentable a las empresas educativas.

Por otra parte, el cheque escolar no va conseguir nunca satisfacer las demandas de beneficios de las empresas educativas privadas. Con el cheque escolar se irán incrementando las cuotas en función del incremento del cheque y de la capacidad de las familias para pagar la diferencia entre la aportación de este y la cuota mensual; lo que ya pasa en la enseñanza infantil privada.

Pero es que además se podría llegar más lejos. A aquellas familias cuyos niveles de renta no les permitiera desgravar se les podría dar el cheque que, con toda seguridad, sólo cubriría el costo de un centro público y, por tanto, su plantilla estaría sujeta directamente al alumnado matriculado, pues las retribuciones de los mismos y sus gastos corrientes se financiarían con los cheques aportados por su alumnado.

Este planteamiento no es ciencia-ficción. Es lo que está pasando ahora en las nuevas adjudicaciones de centros Educación Infantil en la Comunidad de Madrid, donde se ha abandonado ya el sistema de módulos por grupo para sustituirlo por otro de pago por alumno. La escuela infantil es construida por la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de turno y la gestión se cede a una empresa privada a través de una subasta a la baja, donde lo que se prima fundamentalmente es el mínimo costo del servicio. La escuela se financia por dos vías: las cuotas del alumnado y la aportación de la Administración madrileña. Esta última, en lo que no es cubierto por las cuotas de alumnado, se hacen en función del alumnado asistente; es decir, si la escuela sufre una reducción en su alumnado durante el curso, la aportación de la Administración baja en esa proporción, aunque el número de grupos no se pueda reducir y, por tanto, tampoco su personal.

Esta es la libertad de elección de centro que nos plantea el PP. Cada ciudadano puede ir a donde quiera, pero con una condición, poder pagarlo. Además primamos a los que más tienen para que puedan escoger mejor. Así la libertad de elección de las familias se convierte en la libertad de selección económica de los centros.

También Esperanza Aguirre nos habla de la igualdad de oportunidades, pero parece que, para ella, eso no tiene que ver con la labor de redistribución de la riqueza en un estado de derecho.

Lo que hace con esta ley no es nuevo. FETE-UGT Madrid ya lo denunció en septiembre de 2008. Esperanza Aguirre con el Acuerdo de cuotas para Educación Infantil del curso 2008-2009 incrementó las mismas en un 60,2 % para las familias con las rentas más bajas y las redujo en un 58,1 % para las más altas. Es el papel reequilibrio social que debe llevar adelante un estado de derecho al revés: Los más ricos reciben más a costa de que los más pobres reciban menos. Un planteamiento económico de esta naturaleza parecía inconcebible incluso en la Dictadura, pero Esperanza Aguirre lo está llevando a efecto en la Comunidad de Madrid. Entonces la calificamos de “Robin Hood Neocon: quita a los pobres para dar a los ricos” y ahora no tenemos que ratificar en ello.

Anteriormente, en 2006, FETE-UGT Madrid también había denunciado su planteamiento en el caso de las ayudas a libros de texto. En la circular de 28 de abril de 2006, el entonces Director General de Centros Docentes llegó a decir: “la convocatoria general de becas no resulta ser el cauce idóneo para atender a aquellos colectivos marginales que no se encuentran integrados en el sistema, dándoles, además, prioridad sobre quienes lo sostienen”. Los más desfavorecidos que no llegan a pagar impuestos o pagan poco, que se compren los libros, así sabrán lo que valen…

No engañan a nadie, es más de lo mismo, año tras año dan un  paso. Van a por el cheque escolar y no van a parar a no ser que la sociedad madrileña de un puñetazo en la mesa y diga ya basta. UGT Madrid ya lo ha dado y decimos no a esta política de privatización de los servicios públicos, no a convertirlos en un negocio para unos cuantos afines a los planteamientos ideológicos de Esperanza Aguirre.

 

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