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Adiós al pacto

mayo 7, 2010

Las estrategias electorales de algunos partidos impiden el consenso en Educación

 El Pacto “Político y Social” no ha podido ser porque el PP, y otros partidos políticos han priorizado las estrategias electorales por encima de mejorar la calidad educativa y la estabilización legislativa en materia de educación.

No tiene sentido seguir hablando de Pacto político porque este contexto se ha roto, pero queda el Pacto social. Y es el gobierno el que tendrá la responsabilidad de buscar fórmulas para redefinir el documento, desarrollando los aspectos que figuran  en el texto, encaminados a mejorar el rendimiento escolar y al reconocimiento de la labor docente.

FETE-UGT ya venía anunciando  lo que era “una muerte anunciada”. El Pacto  es muy difícil cuando si un partido político presenta  la estrategia del “no” a todo. Sin embargo desde este sindicato planteamos que son necesarios Acuerdos puntuales que contemplen medidas que recoja el documento redefinido.

El documento del Pacto es una herramienta necesaria para consensuar acuerdos en el ámbito social. Remarcamos algunas cuestiones de interés, aunque quedan otras que FETE-UGT considera necesario incluir:

  • En general, el documento sigue sin potenciar la educación pública de gestión directa, sobre todo en los niveles de educación infantil y enseñanzas superiores.
  • Se echa en falta en el texto aportaciones orientadas a la mejora del servicio y la calidad de la enseñanza en el medio rural.
  • No contiene ningún compromiso para que la Administración General del Estado, previo acuerdo con las comunidades autónomas, establezca los requisitos mínimos básicos en la Educación Infantil sobre espacios e instalaciones, ratios de alumnado y titulación necesaria del personal docente y personal de apoyo.
  • En el documento se valora la necesidad de un acuerdo con el profesorado en el marco del Estatuto Básico de la función Pública Docente, pero no se recoge el compromiso de constituir la Mesa Sectorial Estatal de Educación y la Mesa Sectorial de Universidades al amparo del Acuerdo para la Función Pública 2010/2012 entre Gobierno y sindicatos más representativos en el ámbito de la Administración Pública firmado el 25 de septiembre de 2009; indispensable para que el mismo se materialice.
  • Con respecto a la mesa sectorial de la enseñanza pública, queremos remarcar no solo la negociación del estatuto Docente antes de finalizar el año 2010, sino también aspectos a desarrollar en dicho Estatuto como: promoción vertical entre cuerpos; promoción horizontal acompañada de un sistema de incentivos económicos que estaría ligado a la práctica docente y a la formación permanente, además de posibilitar la prórroga de la jubilación LOE y una norma básica que recoja el reconocimiento de la autoridad pública de los docentes.
  • En lo referente a los trabajadores de la enseñanza concertada, el documento presenta el compromiso de revitalizar la Mesa Sectorial de Concertada de manera que se pueda seguir negociando las retribuciones del profesorado, además de realizar una evaluación del coste real de los módulos de los conciertos.
  • El documento del Ministerio recoge también otro aspecto trascendental, reivindicado por UGT, como es la “memoria económica”. Es decir, aparece la dotación presupuestaria extendida hasta el año 2015.
  • Los objetivos diseñados en el documento marcan una línea de trabajo que nos permitirá buscar la excelencia pero sin olvidar la equidad conseguida en los últimos años, aspecto incuestionable para la UGT por lo que supone de vertebración y cohesión social
  • El texto recoge algunas propuestas defendidas por UGT como las que hacen referencia al carácter orientativo de la ESO con los dos perfiles (Técnico profesional y academicista) así como a la flexibilización tanto del Bachillerato como de los estudios de FP.

FETE-UGT considera que no es tiempo de lamentaciones. La educación de nuestro país precisa continuar trabajando por mejorarla, apostar por el éxito escolar y por el reconocimiento del trabajo docente.

FETE-UGT reclama al gobierno y las administraciones educativas responsabilidad para desarrollar las medidas necesarias que requiere nuestro sistema educativo y que están contempladas en el texto del pacto.

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