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¿Pacto por la educación?

noviembre 10, 2009

La posibilidad de un Pacto de Estado por la Educación ha centrado el debate del inicio del curso escolar 2009-2010. Un pacto que también ha sido reclamado por FETE UGT Madrid en una Comunidad que lleva años en los que los trabajadores y trabajadoras de los distintos sectores se han visto obligados a movilizarse (Enseñanza Pública, Escuelas Infantiles, Enseñanza Concertada, Discapacidad, Orientadores…) dado que con frecuencia se ven conculcados sus derechos laborales y ven, con impotencia cómo la falta de recursos tanto humanos como materiales, y la filosofía de la Educación que trata de imponer el gobierno regional, dan al traste con cualquier objetivo de mejorar la calidad de la Enseñanza en Madrid.

 

Se ha abierto un debate a nivel estatal cuyo arranque ya dificulta la idea de Pacto global pues el hecho de que la primera reunión se haya dado entre los representantes de los dos partidos mayoritarios excluyendo a agentes sociales y resto de instituciones, predispone a la sociedad a entender que los problemas del sistema educativo se pueden solucionar únicamente en el ámbito legislativo por parte del gobierno actual o de los futuros gobiernos y lo que es peor, únicamente en el ámbito escolar. Ya en esa primera reunión debían haber sido convocados los agentes sociales y las organizaciones e instituciones que directa o indirectamente están implicadas pues lo que necesita este país y más en concreto, esta Comunidad, es un Pacto Social por la Educación y no únicamente un pacto político.

No existen varitas mágicas que devuelvan la autoridad a los docentes (como piden algunos), ni sombreros de los que puedan salir alumnos que valoren el “esfuerzo” y el mérito y que obtengan buenos resultados escolares. La cuestión es que hay quien sigue culpando del fracaso escolar y de los problemas de la educación en España y en nuestra Comunidad únicamente al sistema educativo y a lo que ocurre dentro de los centros y obviamos profundizar en el análisis de los problemas y valorar las conclusiones de prestigiosos informes (PISA, OCDE) que muestran claramente cómo la incidencia de las escuelas en el progreso o no del alumnado es mucho menor que la de la familia y el entorno y que es necesario dotar a los centros y al profesorado de recursos suficientes para que puedan desarrollar su labor.

Por tanto, un pacto sí, pero un pacto que no prime nuevos cambios en el sistema educativo sino la implicación que las Administraciones, la Comunidad Educativa y la sociedad en general ha de tener en la formación de los futuros ciudadanos y ciudadanas de este país. Esperanza Aguirre insiste en que “las leyes educativas socialistas han sido un fracaso porque no valoran lo que hace que en otros países la educación sí funcione”.Los responsables de Educación de la Comunidad de Madrid deberían saber que la capacidad de esfuerzo, estudio, la disciplina (o mejor, una adecuada convivencia) no son una consecuencia de un sistema educativo sino de un modelo de sociedad determinado. Esos valores y cualesquiera otros nunca serán absorbidos por el alumnado si no forman parte del conjunto de valores que se les transmite en la familia, a través de los medios de comunicación y en todos los ámbitos en los que se produce su desarrollo personal.

Por otra parte es necesario hacer un diagnóstico de la situación actual y marcarse objetivos de mejora y dejarse de mirar en modelos de otros países que no pueden ser acertados si no responden a la realidad española. La motivación hacia el estudio, por ejemplo, no puede ser la misma en un país en el que la cualificación profesional apenas tiene reflejo en las condiciones de trabajo y en las remuneraciones. Sería estupendo que el alumnado encontrara únicamente motivaciones intrínsecas para estudiar, pero todos sabemos que eso no ocurre y que el modelo social y productivo de nuestro país nunca ha favorecido el interés del alumnado por mantenerse dentro del sistema educativo. La prueba está en que en cuanto se ha producido la quiebra en el sector de la construcción, un gran número de trabajadores no cualificados procedentes de ese y de otros sectores que se han visto indirectamente afectados, intentan reintegrarse en el sistema educativo a través de la realización de un PCPI y de ciclos de Formación Profesional. Demanda que no está siendo atendida ni de lejos en nuestra Comunidad.

Por tanto, hablar de fracaso de una ley educativa en general sin entrar a valorar ningún parámetro ni evaluar en función de los objetivos que marca la propia ley es un error. Por otra parte la Educación sigue siendo utilizada para hacer política barata, sin reflexión, efectista. Durante todo el curso pasado parecía que el único problema que tenía la Educación en España era la asignatura de Educación para la Ciudadanía y claro, se trata de un problema de base: si se confunde el diagnóstico habría sido absolutamente azaroso que hubieran dado con el tratamiento.

Asumir qué parte del pastel le toca a cada uno debe ser también una parte fundamental del pacto así como mantener después lealtad institucional entre las distintas administraciones, como ya ha pedido nuestra Comisión Ejecutiva Federal. De otro modo habrá CCAA en las que será imposible avanzar. Se ha iniciado este curso 2009/2010 de una forma convulsa en nuestra Comunidad entre los ataques de los distintos partidos políticos, la promesa de dotar de autoridad pública a los docentes, de colocar tarimas en las aulas, anuncios dispersos que muestran que la responsable de la Administración culpa exclusivamente del fracaso escolar al sistema educativo, olvidando que las transferencias educativas se realizaron ya hace muchos años y que el índice de fracaso escolar de la Comunidad de Madrid es más alto que el de otras Comunidades, quizá porque nuestro gobierno autonómico olvida que sin una inversión suficiente es imposible mejorar los resultados: ratios elevadas, falta de especialistas en los centros (orientadores…), escasez de recursos, etc.

No hay que dejar de lado tampoco la dificultad que en nuestra comunidad puede suponer conjugar las sensibilidades de la Iglesia y del Capital – a los que tantas alas se les ha dado en Educación- si estos no renuncian a imponer sus dogmas, porque a un pacto no se puede ir con verdades absolutas, ya que impiden cualquier acercamiento.

El dogmatismo de la Iglesia provocó graves problemas el curso anterior cuando un sector político y social dirigido, entre otros, por la Conferencia Episcopal, animó a alumnos y familias a ejercer la objeción de conciencia ante la materia de Educación para la Ciudadanía, pretendiendo que La Iglesia tiene el patrimonio de la Educación en valores en este país. En este sentido hemos de analizar también las palabras de nuestra Consejera de Educación, Lucía figar, quien afirma que los profesores sólo deben centrarse en transmitir conocimientos. ¿Enseñar o educar? La gran pregunta, es difícil pensar en un pacto educativo que pueda tener éxito en nuestra Comunidad si continúa el mismo equipo en la Consejería. ¿Cómo se puede disociar la transmisión de conocimientos de los valores? ¿Cómo disociar el Conocimiento del Medio del respeto del Medio Ambiente? ¿El conocimiento de nuestra estructura social y política a la educación en el respeto a los valores democráticos? ¿El conocimiento de la Lengua española del uso de un lenguaje respetuoso, no sexista y conforme a los principios básicos de convivencia?

No, señora Figar, no se puede enseñar sin educar, pero no porque la actitud de los alumnos y alumnas de hoy en día no permita al profesorado la transmisión de conocimientos, sino porque la educación en valores es y debe ser inherente a cualquier tipo de enseñanza si es que de verdad queremos construir una sociedad equitativa, solidaria, justa, cohesionada y democrática. Por ello la UGT siempre ha defendido la materia de “Educación para la Ciudadanía”.

Es difícil hablar de pactos con un equipo que tiene al frente una Consejera que afirma que la estrategia sindical de “algunos” ha fomentado el enfrentamiento entre las redes pública y concertada sin asumir que las estrategias sindicales responden lisa y llanamente a una política educativa que cada vez está más lejos de los educadores, de las familias y de los propios alumnos. La política educativa de la Comunidad de Madrid se podría resumir en una frase: “Todo para los empresarios sin los educadores”. Es lo único que explica la política de conciertos llevada a cabo en los últimos años y que ha permitido la concesión de centros a empresas que nada tienen que ver con la Educación, y permitiendo que centros subvencionados con fondos públicos conculquen los derechos laborales de los trabajadores, se realicen contratos irregulares y se obligue a los docentes a realizar jornadas muy por encima de las marcadas por su convenio colectivo.

Y por último cuando se le pregunta sobre qué debe contener un Pacto de Estado habla de un compromiso más claro en defensa de la libertad de elección de las familias. Precisamente el poner por encima este último principio sobre la obligación de la Administración de garantizar la Educación Pública a todos los ciudadanos, convierten a la Comunidad de Madrid en una de las que posee mayor índice de fracaso escolar, una Comunidad en la que aumentan las tasas de desescolarización, los índices de absentismo y abandono escolar son escalofriantes y donde se siguen concertando centros educativos que discriminan y segregan por razones de sexo.

Pacto educativo sí, pero teniendo en cuenta que no sólo debe participar sino implicarse la comunidad educativa y la sociedad en general y que las medidas que se adopten en la Comunidad de Madrid vayan dirigidas a solucionar los problemas de la escuela: coadyuvar a la formación pedagógica del profesorado, aumentar el número de profesores y el personal de apoyo pedagógico para mejorar la atención individualizada del alumnado, potenciar la colaboración y el intercambio de ideas entre docentes, reconocer al profesorado la mejora de la calidad de su trabajo y el esfuerzo de innovación, garantizar los recursos adecuados a los centros y el reconocimiento de sus profesionales y promover un clima de aula positivo con medidas que de verdad favorezcan la mejora de la convivencia. En definitiva, escuchar a los profesionales de la Educación que llevan años reclamando que la Comunidad de Madrid atienda sus demandas.

One Comment leave one →
  1. josé maría permalink
    diciembre 1, 2009 5:17 pm

    Es básico un pacto por la educación.
    Es vital que hablemos del sector de la discapacidad (llevan tres años sin convenio)
    Es imprescindible hablar de cierto tipo de conciertos en la Comunidad de Madrid (se puede reducir el presupuesto de dichos centros que cobran 400€ a sus alumnos)…
    Es el momento de hablar sobre EL REGLAMENTO DE NUEVOS CONCIERTOS
    Poner unas bases más solidas para fortalecer la Formación profesional y evitar el descalabro que tenemos hoy…
    ADELANTE

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